El anuncio surgió después de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgara las resoluciones de asentamiento a 18 comunidades campesinas en el municipio de San Miguel.
En los últimos 13 años, según los manifestantes, el Gobierno autorizó más de mil asentamientos en esta zona. El presidente del Comité Cívico de San Miguel, Albino Tosube, considera que las tierras, de acuerdo a la ley, deben ser distribuidas de modo preferencial entre las personas que habitan en la zona, pero, en este caso, provienen de otros lugares del país.
“Se debe dar prioridad a la gente de San Miguel”, dijo, a tiempo de señalar que las comunidades migueleñas gestionan durante varios años la dotación de tierras sin lograr resultados positivos.
En tanto, el director nacional del INRA, Juan Carlos León, señaló que “la administración y distribución de tierras fiscales es atribución privativa del nivel central del Estado” y por ello se otorgaron 69 resoluciones de asentamiento. Las 18 comunidades que tomaron posesión esta semana en San Miguel, que abarcan 26.157 hectáreas, forman parte de este grupo de 69 autorizaciones.
Ni Tosube ni Serrate descartan medidas de presión para evitar que los asentamientos en la Chiquitanía continúen.
Serrate aseguró que estos pueblos se harán escuchar y que no dudarán en adoptar medidas drásticas como ocurrió en Roboré el 11 de noviembre de 2018.
En esa fecha, el municipio bloqueó la carretera y la vía férrea que conecta con la frontera con Brasil y se quemó un el módulo policial de este municipio, que exigía la anulación de un asentamiento en su reserva municipal Tucabaca.
El presidente del Comité Cívico del Bloque Chiquitano, José Serrate, hizo notar que el artículo 43 de la Ley INRA establece que “la dotación (de tierras fiscales) será preferente en favor de quienes residan en el lugar” y que el Gobierno no cumple esta normativa.
Por ello, Serrate calificó como un abuso hacia el departamento de Santa Cruz y hacia el pueblo chiquitano la dotación de tierras a comunidades de otros lugares del país cuando existen familias de San Miguel que no cuentan con tierra.
Serrate considera que los asentamientos de comunidades provenientes del interior del país son una situación preocupante, pues en los últimos 13 años se consumaron más de mil comunidades en la Chiquitanía.
Indicó que en el municipio de Concepción hay más de 200 asentamientos al igual que en San Ignacio de Velasco y Roboré, en San José de Chiquitos superan los 300, mientras que en San Miguel llegan a 70. “Y no hay ninguno que hayan preguntado al pueblo para hacer estos asentamientos como dice la ley”, agregó el presidente cívico.