Como el tráfico de tierras es muy rentable, los loteadores recurren a un conjunto de estrategias para apropiarse de terrenos en áreas rurales y protegidas en complicidad con intermediarios, en su mayoría abogados, que gestionan la venta de los predios dividendo lotes en 300 y 500 metros, según las fuentes consultadas.
El exdirector del Parque Nacional Tunari, Carlos Espinoza, señaló que los loteadores primero buscan sanear un terreno agrícola en complicidad con algunos dirigentes de las comunidades, una acción que sólo puede hacer el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Luego de conseguir ese documento, los intermediarios comienzan a vender lotes de 300 o 500 metros .
Saneamiento
“El primer problema es que el INRA sanea tierras y no controla que esos terrenos no se vendan o dividan, por tanto, también es responsable de los loteamientos porque la ley dice que esos predios no se pueden vender ni dividir”, remarcó Carlos Espinoza.
Añadió: “Hasta 2017 no había mucha relación directa entre los incendios con los loteadores porque la mayor parte se daba muy por encima de la cota 2.750, pero ahora nos damos cuenta que los incendios se dan más en los lugares donde hay problemas por el derecho propietario como Taquiña, Linkupata y Andrada”.
El representante del Colectivo Socioambiental de Cochabamba (Cosac), Jaime Ponce, señaló que los principales promotores del tráfico de tierras son algunos dirigentes de las comunidades, que luego de hacer que el INRA sanee el terreno lo fraccionan y venden.
“Muchos de estos asentamientos están directamente vinculados a la estructura de Gobierno con la pantalla de organizaciones sociales de carácter campesino. Sabemos que los incendios en el Tunari son promovidos por comunarios y por gente que ha adquirido su terreno incluso por encima de la cota 2.850”, dijo Ponce.
INRA
Al respecto, el director del INRA, Franz Lavayén, señaló que desconoce las acciones o el modus operandi de los loteadores, pero remarcó que está dentro de sus funciones controlar que las áreas comunitarias no se vendan o dividan.
Lavayén indicó que el INRA comenzó tres procesos contra dirigentes de Combuyo en Vinto, Sivingani Rincón en el Cercado y Korihuma en Sacaba por fraccionar tierras.
Sitios en riesgo
Al margen de los conflictos por tierras en el Parque Tunari, también hay otros lugares que los loteadores intentan tomar, como la serranía de Itocta, la última zona de forraje de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde existe la pugna por 79 hectáreas.
Otro sector es la serranía de Albarrancho donde existe el conflicto por la posesión de 315 hectáreas de tierras fiscales entre el INRA, comunarios de la zona y la familia Olmedo junto con tres sindicatos del trópico, la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical, la Central de Colonizadores Ivirgarzama y la Unión de Hortaliceros del Trópico.
Tácticas recurrentes para lograr la venta.
La táctica más recurrente de los loteadores es juntar un grupo de personas para simular un comunidad interesada en adquirir un terreno para habitar o para venderlo en cómodas cuotas adelantando el pago de una prima, que es de 100 dólares o más.
Luego, los loteadores piden aportes mensuales de 30 o 50 bolivianos para que los representantes gestionen, ante las presuntas autoridades, la asignación de una extensión de terreno en zonas agrícolas, tarea que puede demorar hasta cinco años o más, según el seguimiento a una agrupación que intentó tomar una extensión de terreno en Tiquipaya.
Posteriormente, los representantes detectan una superficie y hacen creer al grupo de personas que esa área les pertenece y se pasa a la toma del terreno, hacen el desmonte y la quema de la vegetación.
En muchos grupos se registró la presencia de abogados y policías que participan de las reuniones para convencer a los interesados de que la inversión es segura.