Juan E. Cabrera Q.
Un grafiti brasileño decía, “la tierra es el mejor negocio de la tierra”, sugiriendo las grandes ganancias de quienes juegan en este mercado. En Bolivia, a diferencia de EE. UU., Colombia o Chile, el mercado de tierras está totalmente desregulado y tiene una libertad inaudita.
La mayoría de las acciones que los gobiernos (nacional y municipales) realizaron los últimos 15 años (y realizan) alrededor de este tema, se centraron en la habilitación de tierras, expansión urbana, promoción de la especulación, regularización de propiedad individual y el aprovechamiento particular de los beneficios de éstas contra los intereses colectivo y ambiental.
El gobierno central desde 2007 reencausó el saneamiento de propiedad de tierras agrarias, permitió el reconocimiento dominial individual e incluyó éstas en el mercado, olvidando la propiedad colectiva que la CPE reconoce (más allá de TIOC).
Sobre la tierra urbana, las ideas del neoliberal H. De Soto calaron hondo y el gobierno no modificó la ley 2372 y más bien en 2012 promovió una vez más la regularización de la propiedad urbana a través de la ley 247. Ésta fue destinada a dinamizar el mercado inmobiliario a través del reconocimiento del derecho propietario y demarcación de nuevos radios urbanos con la excusa de vivienda digna, pero sin garantía de servicios e infraestructuras ¿Digna? Excusa porque en 7 años de vigencia de la ley, el programa ejecutor (PROREVI) logró apenas 8 mil regularizaciones en todo el país.
Estos inmuebles equivaldrían a no mas de 500 hectáreas, sin embargo, ingentes cantidades de suelo rural fueron cambiadas hacia uso urbano a disposición de especuladores. La disposición de delimitar radios urbanos (a 10 años plazo) fue aprovechada por autoridades municipales inescrupulosas y otros para ampliar sin proporción ni equilibrio los perímetros urbanos (cambio de uso implica aumento de precio en 400% aprox). Potosí con decrecimiento poblacional amplió su área en 244%, Santa Cruz en 65%, Tarija en 45%, el área metropolitana de Cochabamba en 85 % (17 mil hectáreas) cuando en todo el departamento a octubre 2019 se regularizó solo 1962 inmuebles, equivalentes a máximo 70 hectáreas.
La ley 1227 del 18 de septiembre pasado vuelve a disponer las mismas medidas, amplia el plazo de regularización, abre las puertas a más ampliaciones e incentiva una vez más las ocupaciones informales. Entre varios, los incendios sufridos tienen el objeto de habilitar tierras, ser ocupadas y en plazos cortos ser regularizadas para fines agroindustriales o urbano comerciales que benefician a pocos y condenan la situación ambiental de todos.