La Organización de Naciones Unidas reconoce el derecho humano de toda persona a un nivel adecuado de vida, incluyendo a tener una vivienda adecuada. Es tan grave la problemática de vivienda a nivel mundial, que datos de la misma organización[1] estiman que cerca de 1.000 millones de personas no cuentan con una vivienda adecuada, ya que viven en condiciones peligrosas para la vida o la salud, hacinadas en tugurios y asentamientos improvisados, o en otras condiciones que no respetan sus derechos humanos, ni su dignidad. Millones sufren desalojos forzosos o son amenazadas con desalojos forzosos de sus hogares.
Partiendo de este principio, es terrible la forma en que la mayor parte de los gobiernos maneja este sector, ya que lejos de verlo como un principio fundamental lo ve como una gran clientela cuyas necesidades los convierten en aliados políticos.
La vivienda no solo se conforma de una infraestructura, piso techo y cuatro paredes, la vivienda es mucho más que una certeza jurídica en la cual se sustenta la habitabilidad como parte de un bien común para las comunidades, se transforma en seguridad en las calles y en un lugar de convivencia que se transforma en un adecuado ambiente, en una vivienda adecuada para bienestar general.
Un buen ambiente de convivencia familiar comienza por una vivienda adecuada, el acceso al suelo no solo en lo que respecta a la regularización de los predios, si no que también comprende una adecuada ubicación que, dé acceso a servicios médicos, escuelas, espacios públicos de convivencia, que generen un adecuado ambiente social que evite y prevenga la delincuencia. La vivienda adecuada es parte fundamental para el adecuado aprovechamiento de los espacios públicos.
El problema de hacinamiento parte de la falta de planeación urbana y en algunos casos, de los usos y costumbres de la sociedad, del arraigo cultural, y sin duda alguna es un problema que se tiende a atender con espacios urbanizados, así como con programas que brinden a la sociedad acciones para que mejoren o amplíen sus viviendas, con espacios de aprovechamiento tanto en sus viviendas como en sus comunidades.
Existen datos como el de un poblado en Ghana: al momento de mejorar las condiciones de las viviendas y mejorar las áreas de convivencia común, así como espacios recreativos, disminuyó el índice delictivo, bajó la inseguridad y disminuyó la prostitución, así como la venta de narcóticos, en pocas palabras mejoró la calidad de vida de esos habitantes, en zonas urbanas.
El crecimiento desmedido de las zonas urbanas en México desde hace un poco más de 15 años hace que la demanda no sea por vivienda nueva, más bien mejorar su actual modo de vida y mejorar las vialidades, cercanía, mejorar el panorama urbano, lo cual según la ONU hace que exista paz social.
El Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad, debe brindar más que cuatro paredes y un techo, deben satisfacer necesidades que reúnan como mínimo siete criterios:
- Seguridad de la Tenencia: protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, y conservación de alimentos o eliminación de residuos.
- Asequibilidad: el costo no bebe poner en peligro o dificultar el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes.
- Habitabilidad: debe garantizar seguridad física y espacio suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos de la salud y peligro estructurales.
- Accesibilidad: Se toma en consideración las necesidades de grupos desfavorecidos o marginados.
- Ubicación: Debe contar con acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, en zonas seguras.
- Adecuación cultural: Respeta la expresión de la identidad cultural.
El discurso que los políticos destinaban para etiquetar a la vivienda social, era brindar a la población de una vivienda digna, cuando en realidad es un tema de valores y derechos humanos, ya que con ello se puede mejorar no solo los espacios públicos, incluso se pueden mejorar las cuestiones higiénicas y de salud; no debe ser un discurso, la vivienda se deberá traducir en acciones que lleven a la sociedad a contar con más y mejores espacios de convivencia.
Para los urbanistas que hoy programan y mejoran sistemas, la vivienda no solo representa a los integrantes de una familia, también representa a una comunidad para que convivan. La vivienda adecuada es aquella que representa a la persona y protege sus necesidades primarias como individuo en un entorno urbanizado y social.
La aplicación de tan solo un principio básico de lo que significa una “vivienda edecuada”, fortalecerá a las familias, a las comunidades y a la sociedad. Esperemos que no sea solo un discurso, ni una adecuación a la política actual de vivienda, para marcar un cambio verdadero en la vida de todos.
[1] ONU HABITAT, El derecho a una vivienda adecuada, Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Folleto informativo No. 21, Abril de 2010.