Las asociaciones de propietarios de inmuebles celebraron ayer la decisión de la presidenta Jeanine Áñez de enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de ley que dispone la condonación del 50 por ciento de los alquileres. Los representantes de estos últimos, en cambio, dijeron hallarse “muy molestos” con la consulta y añadieron que hoy darían a conocer sus decisiones.
“Es lo que correspondía porque hay muchas vulneraciones a la Constitución y a la ley”, dijo el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles (Aprobin), Franklin Poppe, quien añadió que su sector ya había solicitado de forma escrita a la Presidenta que no promulgue esta propuesta de ley, y que, por el contrario, otorgue un crédito a los inquilinos para que puedan pagar los montos de los alquileres.
La representante de los dueños de casa del casco viejo de Cochabamba, Mirian Nava, indicó, en cambio, que su sector está de acuerdo en aplicar el descuento del 50 por ciento, pero pide más apoyo, con el descuento del 50 por ciento en sus facturas de consumo de agua, luz y cable.
Del otro lado, el presidente de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (Oinco), Aniceto Hinojosa, deploró la decisión porque, según dijo, “están velando por la gente pudiente y no por la gente pobre (…) Estamos muy molestos y en los próximos días nos vamos a manifestar. No somos masistas y estamos reclamando nuestros derechos que por ley nos corresponde”, dijo.
Áñez, según se informó ayer, presentó al TCP ya el viernes una consulta sobre la viabilidad constitucional para proceder con el proyecto de ley 597/2019- 2020 Ley Excepcional de Arrendamientos, que condona el 50 por ciento de los alquileres de inmuebles durante el tiempo por la pandemia del coronavirus. El proyecto fue sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hace más de una semana, pese a las denuncias de inconstitucionalidad y de incurrir ilegalmente en retroactividad, pero la Presidenta, que debía promulgarla norma, la envió al TCP.
En el documento de pedido de consulta, se solicita, además, como medida cautelar, la suspensión del procedimiento legislativo hasta la emisión de la declaración constitucional.
Poppe considera que esta ley era inconstitucional, pues el Gobierno se estaba metiendo con la propiedad privada y los ingresos económicos de los dueños de casa, además de que la ley no puede ser retroactiva. Añadió que esa ley era innecesaria debido a que los dueños de casa ya llegaron a acuerdos con sus inquilinos. Además, considera que esta norma sólo beneficia a los “inquilinos abusivos”, que se aprovechan y abandonan las viviendas sin avisar ni pagar.
Considera que la compensación que ofrece el Gobierno con el descuento de impuestos municipales y nacionales es una “patraña” debido a que no se halla acorde con el descuento del 50 por ciento y a eso se suma que muchos dueños de casa no emiten factura.
Nava, en cambio, indicó que su sector está de acuerdo en aplicar el descuento del 50 por ciento, pero pide más apoyo, con el descuento del 50 por ciento en sus facturas de consumo de agua, luz y cable.
La representante indicó que sus casas fueron catalogadas como viviendas comerciales, por lo que no fueron beneficiados con el descuento del 50 por ciento de su consumo de agua y electricidad que fue determinado por el Gobierno. Nava lamentó que la nueva ley no haya sido consultada con los dueños de casa. “Nos sentimos discriminados; se debe escuchar a las dos partes”, dijo.