El coronavirus ha provocado que crezcan las disputas entre propietarios e inquilinos. Los dueños, con el fin de desalojarlos, han optado por amenazas, corte de servicios básicos e incluso han contratado gente para que saquen las pertenencias de las personas que viven en alquiler, informó ayer el presidente de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO), Aniceto Hinojosa.
Una pareja joven, con su bebé en brazos, fue desalojada de un departamento que ocupaban en un edificio céntrico porque adeudaban un mes de alquiler, hace unos días. El propietario contrató cinco hombres para sacar las cosas de sus inquilinos y dejarlos en la calle, relató Hinojosa.
La organización acudió al llamado de la familia al igual que funcionarios policiales y de Servicios Legales Integrales (SLIM) y Defensoría de la Niñez y Adolescencia debido a que los afectados no habían sido notificados por un juez para ese desalojo.
Un familiar les ofreció acogerlos temporalmente, mientras dure la pandemia. Además, la mayoría de sus cosas ya estaban en la calle, y la situación con el dueño era insostenible.
Hinojosa indicó que al igual que esta familia hay otras que están siendo afectadas debido a que la mayoría se dedica al comercio u otras actividades que se han visto limitadas por las restricciones de la cuarentena y otros han sido despedidos de sus fuentes laborales. Esa situación impide que puedan pagar la totalidad del alquiler y en el plazo, como exigen algunos propietarios.
“Las denuncias de desalojos han incrementado en esta pandemia. Antes, estos reportes se daban rara vez. Por eso, pedimos a las autoridades que nos ayuden porque están dejando a la gente en la calle en plena cuarentena y no están haciendo nada por este sector”, manifestó.
Dijo que atienden hasta 15 denuncias de desalojos de inquilinos cada día en el departamento; la mayoría es retirada del inmueble, en ocasiones por la fuerza y otras porque no ven otra salida ante los conflictos con los dueños.
Comentó que tienen acumulados unas 30 denuncias que deben atender esta semana. “Esta situación podría ser incontrolable porque la organización, sin fines de lucro, no tendría la capacidad si quiera para explicarle al inquilino sus derechos y asesorarlos”.
Hinojosa denunció que el 90% de los dueños de inmuebles no emiten factura y en ocasiones piden depósitos a sus cuentas bancarias. Ese mismo porcentaje no realiza “un contrato de alquiler que sea legalizado y visado para que los inquilinos puedan defenderse en esta pandemia y no se afecte sus derechos”.
¿EL DESCUENTO? La asamblea legislativa aprobó, hace un mes, la Ley excepcional de arrendamiento (alquileres) que beneficiaría a las familias que no han podido generar ingresos económicos para pagar sus alquileres. Esta norma propuso que se reduzcan en un 50% el canon del alquiler, cuando no se hubiera un acuerdo entre el propietario y el inquilino para la reducción o diferimiento razonable del monto.
Hinojosa manifestó que la ley pasó al Ejecutivo para su promulgación, pero fue derivada al Tribunal Constitucional. “La Ley debía ser retroactiva y pueden serlo cuando hay tres circunstancias: corrupción, demandas penales y cuando se afecta el trabajo. En este caso, la cuarentena afectó la locomoción y el desempeño laboral normal de los inquilinos, pero estamos a la espera de la determinación del Tribunal Constitucional”.
Lamentó que algunos propietarios estén exigiendo el 100% del alquiler, cuando les está siendo difícil conseguir dinero para cubrir la alimentación y servicios básicos. “Hay familias que están siendo afectadas psicológicamente e incluso les dicen que debían haber previsto esta situación, como si eso fuera posible. Solo nos estamos endeudando”.
Acotó que la organización empezará a trabajar en una nueva ley del inquilinato, en uno o dos meses, porque consideran que la vigente desde 1959 no vela por los intereses del inquilino y el propietario.
PROCESO Hinojosa indicó que el propietario debe notificar por escrito al inquilino, cuando tenga la intención de desalojarlos, pero debe cumplir los plazos previstos en las normas.
Apuntó que si se trata de un cuarto en alquiler debe darle al inquilino 30 días para que desaloje, si es un departamento (con dos o más dormitorios) deberá notificarle al menos 60 días antes y si es una casa independiente son 90 días de plazo previa notificación o carta notariada.
Ante el incumplimiento e impago de alquiler por tres meses esa situación debe ser evaluada por un juez y es el único que autoriza el desalojo forzoso con la fuerza pública policial. Sin embargo, las autoridades pidieron acuerdos entre ambas partes para evitar los desalojos en pandemia. La Ley excepcional propone que los inquilinos no podrán ser desalojados hasta tres meses después que termine la cuarentena.
DATOS Hinojosa manifestó que el Cochabamba hay 180 mil familias que alquilan habitaciones, casas y departamentos. Si se toma en cuentan a las personas que rentan restaurantes, oficinas, comercios, tiendas comerciales u otras propiedades la cifra asciende a al menos el 75% de la población.