Observatorio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada

El Tunari y los ilegales

El Parque Nacional Tunari es el principal “pulmón verde” de Cochabamba y también una importante zona de recarga acuífera, por lo que debería ser conservado y protegido. Sin embargo, no es una prioridad para las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Solo cuando pueden sacar rédito político o hay mucha presión, aparecen.

La reserva ecológica que tiene una extensión de 328.878 mil hectáreas e involucra a los municipios de Morochata, Cochabamba, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua, Sacaba, Colomi, Villa Tunari y Tapacarí, no solo es amenazada por los constantes y gigantescos incendios, sino que también es víctima de los loteadores que construyen más edificaciones por encima de la Cota 2.750.

El jueves, un grupo de vecinos del Parque decidió derribar cuatro construcciones ilegales, que, según el director del Tunari, Alberto Terrazas, fueron levantadas por las noches en un tiempo récord de tres días.

Las edificaciones de ladrillo y cemento estaban emplazadas dentro de la franja de seguridad del río Pintu Mayu en la urbanización Taquiña, cerca al barrio de Casa Blanca.

Si bien el Director del Parque hace hasta lo imposible para evitar las quemas y los loteamientos, es una tarea muy complicada, más aún considerando que hay menos de 10 guardaparques para vigilar y controlar la reservar ecológica.

¿Qué más tiene que pasar en el Tunari para que las autoridades se preocupen por preservarlo? Todos saben que el Parque está completamente abandonado, sin personal ni un presupuesto adecuado para realizar las diferentes tareas que requiere.

Se conoce que en 2019, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) aprobó 90 resoluciones para que las alcaldías de la región metropolitana procedan a la demolición de casas ilegales que están en el Tunari, pero no fueron derribadas porque los municipios se declararon “incompetentes” para esa tarea; como siempre, cerraron los ojos para no ver y se lavaron las manos.

Esa situación pone de manifiesto el poco interés que tienen los alcaldes, incluida la Gobernación, para evitar que el Parque sea loteado y que se edifiquen construcciones de forma ilegal.

Urge que las autoridades de los tres niveles -nacional, departamental y municipal- asuman las responsabilidades legales que cada uno tiene y que de forma coordinada trabajen para preservar y conservar esa importante área verde de Cochabamba.

Es una pena que el Tunari no tenga autoridad que lo proteja, solo cuenta con grupos de cochabambinos que, por voluntad propia, trabajaban por evitar que los pirómanos y loteadores acaben con él.

Fuente: opinion 22/08/2020

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