La esclavitud era legal, prohibir el voto a indígenas o a mujeres era legal, la segregación racial estaba también legalmente instituida en algunos lugares. Muchas veces lo que se considera “legal” tiene que ver más con la capacidad de los grupos con poder para influir en las decisiones, que con el respeto al derecho colectivo.
Después de que se realizaran profundas críticas a la Ley Municipal 661/2020 (Ley Excepcional de Fomento a la Construcción de Nuevas Edificaciones) y de que posteriormente se solicite su abrogación, sin obtener ningún resultado, estamos comenzando a ver de manera concreta sus nefastos efectos sobre el espacio urbano. Ya vemos en las redes sociales ofertas de edificios que superarán las 15 plantas, ¡con más de 50 metros de alto! No nos referimos a edificios que se ubicaran sobre amplias avenidas importantes, sino a edificios que serán construidos sobre pequeñas calles secundarias, en contextos residenciales caracterizados por presentar alturas de dos plantas e infraestructuras de servicios básicos no siempre en las mejores condiciones. Recordemos que en la Ordenanza Municipal 4100/2010 (actualmente vigente) para estos contextos se establecen alturas máximas que rondan las ocho plantas.
Poder duplicar la altura permitida, sin ninguna medida concreta y verificable de mitigación de los impactos espaciales, ambientales y sobre las infraestructuras, argumentando descaradamente que se actúa dentro el marco del Desarrollo Urbano Sostenible (L.M. 0661/2020 Art. 1), no es un fomento a la construcción, es una “carta blanca” que da la libertad de exprimir la ciudad sin ningún tipo de regulación, sin importar dónde y sin tener la obligación real de retribuir en algo a cambio del gran beneficio económico generado gracias a la sobre-explotación del suelo. Una carta blanca con fecha límite, pero que en función de un “modus operandi” bastante conocido suponemos que ya se estará pensando en su ampliación.
Resulta muy difícil creer que edificios de tales dimensiones, en medio de viviendas unifamiliares y calles pequeñas, mitiguen sus impactos simplemente con el uso de inodoros “ahorradores”, luminarias led o incorporando espacios verdes de absorción de suelo sin dimensiones mínimas definidas (Decreto Municipal 170/2020, reglamento de la Ley 0661/2020, Arts. 7 y 16), dentro los cuales está considerada la faja jardín, la cual ha tenido esa función desde principios del siglo pasado. El D.M. 170/2020 establece que el nuevo edificio deberá también mejorar o renovar los espacios públicos (Art. 57) pero sin ninguna especificación, ni en términos de dimensiones de esos espacios (que debería ser proporcional al beneficio del incremento de altura), ni en términos de gestión, dejando ver una ambigüedad tal que dicho mejoramiento puede muy bien limitarse a la acera, como siempre se ha hecho. Estas irracionalidades nos hacen pensar que: o contamos con profesionales y autoridades municipales que desconocen lo que significa gestionar la ciudad, cosa bastante seria sobre todo en el caso de autoridades, o simplemente no existe ningún interés en mirar más allá del negocio, cosa que en cualquier caso sería mucho más grave.
No estamos opuestos al progreso, sino al enriquecimiento a costa de la degradación de las condiciones urbanas. Si estas leyes incorporaran de forma transparente, efectiva y verificable, elementos que propicien un verdadero desarrollo y disfrute urbano colectivo, nuestra posición sería otra. ¿No es justamente en favor de esto que los “servidores públicos” deberían luchar? y si algunos intereses han logrado aprobar este tipo de normas, ¿no es la ética la que debería orientar nuestras acciones como profesionales?
Durante una actividad del Taller Colectivo ReHabitar un destacado arquitecto del medio mencionaba que “no podemos meter a todos los arquitectos en la misma bolsa”, que existen profesionales que trabajan con mucha ética y responsabilidad, y estamos totalmente de acuerdo. Así como creemos que también habrán funcionarios éticos y responsables, pero que definitivamente no intervienen en la toma de decisiones. Por supuesto que existen arquitectos y constructores con elevada ética profesional, que trabajan conscientes de los efectos que podrían causar sus acciones, conscientes de sus derechos y de los derechos de los demás. Frente a la inconsciencia institucionalizada, recae sobre ellos la responsabilidad de hacer frente a lo inescrupuloso, al negocio por el negocio, a la falta de ética.
Llega una nueva gestión municipal y el tiempo ha demostrado que las autoridades cambian, pero que las formas de gestionar la ciudad permanecen. ¿Será posible que las futuras autoridades estén del lado del habitante?, ¿podrán dejar de pensar en la ciudad como medio de lucro, o en el “megaproyecto” como panacea, o en la gestión pública como escalera política? Según lo que las campañas electorales nos muestran, hay muchas razones para tener serias dudas.
Según José Saramago, lo único que nos queda es nuestra conciencia, nuestra ética. La conciencia de que nuestra ciudad nos pertenece, no en el sentido de propiedad, sino en el sentido de responsabilidad compartida. “Nuestra consciencia es lo único que tenemos contra todos aquellos que precisamente entienden que lo que no hay que tener es conciencia”, decía. No fue un repentino “mea culpa” de los grupos de poder lo que posibilitó que las injusticias que antes eran legales dejaran de serlo, fue la presión constante de personas despiertas, conscientes y comprometidas lo que transformó la realidad.