Observatorio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada

Conflictos por tierras, una bomba de tiempo

Los conflictos por tierras, recientes y anteriores, que se producen en Cochabamba y Santa Cruz evidencian que, si bien puede tratarse de casos sin conexión, todos están enmarcados en esquemas organizados que incluyen a autoridades y cuyo propósito es el enriquecimiento personal burlando las leyes.

En Cochabamba, en las dos últimas semanas, ocurrieron tres intentos de apropiación ilegal de terrenos en Sacaba, La Angostura y el valle alto. En todos ellos, los avasalladores pretendían, y probablemente continuarán pretendiendo, tomar posesión de tierras ajenas con el fin de urbanizarlas.

En algunos lugares, como en el Parque Tunari, son tierras fiscales las que sufren avasallamientos que, en general, son denunciados por comunarios de la vecindad o por activistas medioambientales. En ocasiones, fueron los funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) quienes dieron la alerta, antes de ser despedidos por las nuevas autoridades de esa entidad.

Los avasallamientos recientes tuvieron lugar en terrenos privados. En La Angostura, en una hacienda lechera establecida hace décadas y cuyos predios estaban siendo invadidos por ilegales que marcaban lotes, seguramente con el propósito de comercializarlos.

Cerca de Tarata, valle alto, seis comunidades se movilizaron en contra de los avasallamientos que sufren desde hace meses en sus terrenos agrícolas y de pastoreo.

Y en Sacaba, un centenar de loteadores intentó avasallar con dinamita 150 hectáreas de tierras en medio de enfrentamientos con los comunarios

En la Chiquitanía son tierras fiscales las que son ocupadas por los denominados “interculturales”, un grupo afín al partido de gobierno que desde hace décadas propicia los asentamientos ilegales de personas procedentes de otros departamentos.

Allá, los invasores crean comunidades fantasma para lograr titularizar esos terrenos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), luego esperan la ocasión propicia para venderlos, deforestados si es necesario, pues así el precio es mayor. En la Chiquitanía, el INRA dota tierras priorizando a gente que no es del lugar, infringiendo la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria establece, cuyo artículo 43 establece que “la dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar”.

Los montos de dinero, gente involucrada y trascendencia político-ideológica de la gestión de la tierra deben ser de tal magnitud, que no sólo originan casos de corrupción que involucran a autoridades del Estado, sino que también provocan cruces de acusaciones entre masistas.

Sólo una actitud firme y transparente del Gobierno podría desactivar esto que parece una bomba de tiempo, pues los afectados se organizan para defender sus derechos, como está ocurriendo en Santa Cruz.

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