En las últimas semanas Bolivia ha sido escenario de una serie de enfrentamientos que buscan lograr el control de la dirección de una organización cocalera y por otro lado, los interculturales tomar el control de tierras en el oriente boliviano.
De acuerdo con análisis realizados, el objetivo fundamental de estos dos grupos corporativos del Movimiento Al Socialismo (MAS), es acumular un mayor poder y expandir su dominio territorial.
La prebenda, la cooptación, la división de sectores, creación de organizaciones paralelas, son prácticas habituales del partido azul para tener el control de diferentes instituciones y someterlos.
El partido gobernante, que involucra a las organizaciones sociales, ha optado por entregar cuotas de poder a través de diputaciones, designación de ministros y viceministros, entre otros.
Cocaleros
Uno de los sectores que ha generado disgustos al gobernante MAS, fue y es, el de los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), La Paz, que de manera orgánica se aglutinan, actualmente, a la dirigencia de Armin Lluta, anteriormente de Franclin Gutiérrez.
“En el caso de los cocaleros, el MAS tiene como objetivo: acumular mayor poder territorial a través del control de Adepcoca, principal organización de esa región que aglutina la actividad económica más importante: la Coca”, señala el periodista y abogado, Andrés Gómez.
Agrega que “si bien el MAS ganó las alcaldías de los Yungas, los porcentajes de votación son bajos”.
“Adepcoca fue y es un factor de poder determinante en la reducción de respaldo electoral al MAS”, refiere Gómez con base a los resultados de los comicios municipales pasados.
Antecedentes
Esta organización es apetecida por el MAS, que desde 2017 se encuentra distanciada del partido azul por la Ley General de la Hoja de Coca, que intentó, a través de diferentes acciones y argumentaciones, tomar el control de la Adepcoca orgánica desde el Ministerio de Desarrollo Rural, con César Cocarico, ahora el viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Rolando Canceno.
Entre estas intenciones, se contempla la conformación de una Adepcoca paralela bajo la dirección de Elena Flores, afín al Movimiento Al Socialismo, el 31 de julio de 2019.
“Estas acciones de grupos afines al Gobierno son una señal también al resto del país, en sentido de que van a tomar acciones para que todas las asociaciones sindicales, rurales y movimientos sociales se pronuncien a favor del gobernante MAS”, señaló en su momento el politólogo Carlos Cordero.
Antes de la instauración de la dirección cocalera masista, se intentó la toma a través de un Comité ad hoc, promovida por el Gobierno, por supuestos manejos económicos irregulares.
Pero, ante la resistencia este comité dio un paso al costado y entregó a los fundadores, quienes tampoco soportaron la presión de los socios que apoyaban a Franclin Gutiérrez.
Las acciones no cesaban y enviaron a la cárcel a Gutiérrez por presuntamente haber organziado un grupo armado.
La otra apuesta fue la Adepcoca paralela que desde 2019 intenta hacerse de la Adepcoca, con la instalación de un mercado en un hospital de la institución, el uso de la fuerza, la justicia, además de una resolución del Ministerio de Desarrollo Rural en la que se define el traslado del mercado legal de la coca a otro espacio en Chuquiaguillo.
Ahora, de la mano del Ministerio de Gobierno, busca imponer la convocatoria a elecciones internas, aspecto que fue denunciado por la dirigencia orgánica, toda vez que en el encuentro de diálogo, de más de 60 participantes, solo dos respondían a la dirigencia de Lluta y el resto al MAS.
Expansión
Además de lo descrito, los cocaleros del Chapare buscan la expansión de los cultivos de coca en áreas protegidas de la región.
Pese a existir una Ley que protege las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), las denuncias de la presencia de grupos extraños, que incursionan a las áreas protegidas con la finalidad de incrementar sus cultivos de coca, depredar la madera existente en la zona y ampliar la frontera agrícola, se incrementan cada vez más.
En agosto de 2018, la administración gubernamental de entonces dio a conocer que más allá de la producción de coca en el Polígono 7 se destruyeron pozas de maceración en tres puntos, además de laboratorios de purificación de droga en las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Tierras
Después de casi un año de interrupción en la intención expansiva de los interculturales afines al MAS, debido a la administración transitoria de Jeanine Áñez, oportunidad en que se denunció la distribución irregular de tierras, ahora se reportan el reinicio de acciones para copar lotes, con el apoyo de diferentes instituciones públicas.
Esta temática que también depende el Ministerio de Desarrollo Rural, nuevamente entra en escena con una serie de denuncias sobre avasallamientos, enfrentamientos entre indígenas e interculturales.
Esta cartera de Estado se encuentra en manos de los denominados interculturales. Los ministros que estuvieron a cargo hasta el actual Remmy Gonzáles, que pertenece al grupo de San Julián, tienen bajo tuición el Viceminsiterio de Tierras, integrada por la Dirección General de Tierras, la Dirección General de Distribución de Tierras, además del INRA, la ABT, entre otras.
La Fundación Tierra, a través de su Director Gonzalo Colque, en contacto con medios, informó que dede 2011, el proceso de distribución de tierras es el más corrupto y oscuro.
Según Colque, hay dos tipos de tierras fiscales. Las disponibles y que se pueden titular, y tierras fiscales no disponibles que son áreas protegidas, parques nacionales, que no se pueden titular a nadie.
Reifrió que en Santa Cruz se denunció que existen 1.400 autorizaciones de asentamientos que ha dado el INRA a comunidades campesinas e interculturales. Aproximadamente son 600 mil hectáreas de tierras fiscales otorgadas desde el 2011 hasta la fecha.
“El problema principal es que son comunidades fantasmas, la gente no vive ahí, no son agricultores, algunos tienen tierra en otros lugares, como en el Chapare”.
Asimismo, este aspecto estaría relacionado con los incendios foretales ocurridos en el país, que destruyó más de cinco millones de hectáreas de la Chiquitania, que desnudó las irregularidades en el acceso y entrega de tierras. Cabe señalar que en la irregularidad de tierras, se denunció la existencia del clan Cocarico Yana.
El hermano del exministro Cocarico, Rogelio Carlos fue enviado al penal de Palmasola por el Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz, acusado de estafar al menos $us 600 mil a comunidades menonitas a cambio de títulos y ampliación de frontera agrícola.
El último caso, del exministro (Edwin) Characayo, que fue hallado in fraganti recibiendo una coima.
SANEAMIENTO DE TIERRAS
Después del proceso de saneamiento de tierras a 2018, el reporte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) da cuenta que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de tierras altas y bajas concentran el 28%; la mediana y empresa agrícola el 14%, y el 31% son tierras fiscales, en las que están las áreas protegidas y las disponibles para su distribución.
LEYES INCENDIARIAS EN EL GOBIERNO DE MORALES
REDACCIÓN CENTRAL
En el periodo gubernamental de Evo Morales se aprobaron alrededor cuatro leyes, además de decretos y modificaciones de reglamentos técnicos, que suponen una afectación directa sobre los bosques y tierras del territorio nacional.
Las normas incluyen desde “perdonazos” para quienes ejecutaron desmontes (por tala o chaqueo), ampliación de la frontera agrícola y entrega de tierras para asentamientos humanos en predios .
El 11 de enero de 2013, el mandatario promulgó la Ley 337, de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, que establece un “perdonazo” para los desmontes que se hayan ejecutado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011.
El 29 de septiembre de 2015, Morales promulgó la Ley 741, “que autoriza el desmonte para pequeñas propiedades para actividades agrícolas y pecuarias”.
El 15 de septiembre de 2018, aprobó la Ley 1098, de Aditivos de Origen Vegetal, para que Bolivia “ingrese en la era del etanol” y la produccíón de biocombustibles.
El 25 de abril de 2019, aprobó la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, que reconocía “el manejo y uso del fuego como herramienta en la actividad productiva en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, conforme detalla la norma.
TRÁFICO DE TIERRAS
– A propósito de la destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Edwin Characayo, descubierto cobrando un soborno de 20 mil dólares para titular el predio “El Triunfo II”, la Fundación Tierra señala:
‘El tráfico de tierras se intensificó desde el año 2011. El consorcio llamado “INRA paralelo”, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y “blanquear” antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor. En lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz, fueron alejados de sus cargos públicos.
El INRA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre las gestiones 2014-2019, firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. Pero, en lugar de transparentar este proceso, el INRA ocultó el hecho.
PRÁCTICA CLIENTELAR
-El periodista y abogado, Andrés Gómez, respecto al tema tierra, señaló que “es una acción prebendal que tiene dos objetivos: expandir su dominio territorial para lograr réditos electorales. Esta practica clientelar choca contra otro poder asentado en el oriente: el agroindustrial. En medio, según la Fundación Tierra, hay preocupantes denuncias de tráfico de tierras que involucra a dirigentes afines al Movimiento al Socialismo con raros nexos con empresarios del agro.
“En marzo de 2019, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos León, en la Federación de Interculturales de Santa Cruz, entregó 17 Resoluciones de Autorización de Asentamientos a comunidades interculturales, la superficie autorizada para asentamiento es de 26.157 hectáreas con 4.937 metros cuadrados ubicadas en las provincias: Chiquitos, Cordillera, Ñuflo de Chávez y Velasco en Santa Cruz.