Asimismo, comentó que se solicitó otro informe tras tomar conocimiento de algunas posibles irregularidades que se estarían registrando en dependencias de Punata.
En entrevista con Los Tiempos, Cabrera dijo que en todos los casos a los que se hacen seguimiento los loteadores aprovecharon sus influencias o contacto con exfuncionarios de DDRR para tramitar el registro y transferir terrenos con títulos falsos.
El delegado también se refirió a las acciones que se implementan, en coordinación con instituciones, para frenar estas irregularidades.
– ¿Qué denuncias de avasallamientos recibieron?
– Oficialmente se han recibido tres denuncias de avasallamientos. La primera es el caso Angostura contra Elías Tirso Claros y otros, presuntamente, existe la falsificación de documentos de terrenos de una extensión de cinco arrobadas, son como 18 mil metros, pero con esos papeles se incrementó a 36 hectáreas.
La segunda es de Sivingani donde se sanearon tierras con documentos anteriores y que se han estado vendiendo a personas de escasos recursos; respecto a este proceso se identificó que hay muchas irregularidades.
La tercera es de los colonos de Alalay en Valle Hermoso en el que a través de un poder falso se han estado realizando trasferencias a personas de escasos recursos. Estos los hemos remitido al área de Control y Fiscalización, además de Transparencia a objeto que se inicie la investigación.
– ¿Existen funcionarios de DDRR involucrados y de qué forma?
– Reiteramos son tres casos los que estamos indagando, en estos sin duda se hace hincapié en que presuntamente algunos funcionarios o exfuncionarios de Derechos Reales y del Consejo de la Magistratura han sido partícipes de organizaciones criminales que están conformadas por grupos de avasalladores.
– ¿ Cómo están operando los loteadores y en qué casos se tienen extranjeros?
– En los casos los afectados declararon en nuestras oficinas que se utiliza la fuerza a través de grupos de choque y armados. Se estarían contratando a ciudadanos extranjeros, venezolanos y colombianos; esto llama la atención tomando en cuenta que Bolivia vive en un Estado de derecho y esta gente está causando zozobra, pánico e inseguridad, particularmente en el valle alto.
Estamos participando de una reunión interinstitucional entre la Policía Boliviana, organizaciones sociales del de valle alto y el Ministerio de Gobierno, representado por Migración, en el que también estaban el Viceministerio de Autonomías y Tierras, en el que se acordó realizar un trabajo integral .
– ¿En el caso de los avasallamientos en Arbieto hay alguna denuncia y qué se hace?
– La última denuncia que recibimos es la de Sivingani, al sur de la ciudad. En este conflicto de terrenos algunos ciudadanos aprovecharon sus influencias y contactos para transferir terrenos e inmuebles con documentos falsos.
Nosotros estamos ingresando a un proceso exhaustivo y minucioso de investigación, y es allí donde vamos a identificar los vínculos de los funcionarios que trabajan en el Órgano Judicial, particularmente en Derechos Reales.
– ¿ En el caso de la denuncia del Sindicato Agrario Canelas sobre la emisión de 2 mil títulos cómo se procede?
– Estamos esperando el informe del subregistrador, quien obviamente tiene esa instrucción, además hemos exigido, enmarcados en la normativa del manual de Derechos Reales, que se envíe la documentación en un plazo de 48 horas respecto al posible registro de 2 mil matrículas en el municipio de Punata.
– ¿Qué mecanismos de control aplica DDRR para que los funcionarios ni otras personas vulneren un registro propietario?
– Estamos generando operativos de control bajo la iniciativa de la Dirección Nacional de DDRR y en coordinación con Control y Fiscalización. Sin duda, además, se pide reportes semanales, mensuales a objeto hacer seguimiento y verificar la legalidad de la documentación que ingresa a oficinas registrables en todo el departamento.
– ¿ En el caso de la denuncia que hizo el Sindicato Agrario Canelas sobre la emisión de 2 mil títulos cómo se está actuando?
– Estamos esperando el informe del subregistrador en suplencia del doctor José Luis Arancibia, quien obviamente tiene instrucción. Además, hemos exigido enmarcado en la normativa del manual de Derechos Reales que se envíe la documentación en un plazo de 48 horas respecto al posible registro de 2 mil matrículas en el municipio de Punata.
– ¿Pese a controles cómo logran registrar una propiedad avasallada?
Nosotros podemos hablar de la gestión en la que nos estamos desempeñando (2020-2021), pero si hacemos una retrospectiva, lamentablemente, podemos advertir de que han existido vacíos y un descuido considerable de anteriores autoridades que se generó una serie de irregularidades.
– ¿Qué sanciones se aplican en caso de comprobarse las denuncias?
– Hay dos vías con relación a las sanciones que están establecidas en la Ley 025 del Órgano Judicial, una es la vía disciplinaria, si es que son faltas gravísimas se procede a la desvinculación inmediata del funcionario, y el segundo camino es iniciar acciones penales.
– ¿Cómo se coordina con otras instituciones como el INRA?
– Tenemos una estrecha relación con el INRA, considerando que revisamos la autenticidad de los títulos agrarios. Estamos trabajando en coordinación con el director nacional y departamental, hemos identificado títulos falsos y esto levantó susceptibilidad en el registro de inmuebles y propiedades en el área rural.
El delegado distrital del Consejo de la Magistratura, Marco Cabrera, mencionó que existen dos temas pendientes para mejorar la atención a la población.
“En esa dinámica estamos generando dos lineamientos, uno modificar completamente la normativa, es decir, la Ley de Derechos Reales ,y, por otro lado, nos falta mejorar el sistema en relación a implementar plataformas para brindar mejores servicios para atender de manera oportuna a los usuarios”, complementó.
Cabrera dijo con estas trasformaciones reducirán las filas.