Observatorio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada

Violencia contra la mujer y emergencia habitacional en tiempos de pandemia

Jancarla Aleida Loayza Medina.

La situación descrita pone en relieve la violencia contra la mujer y la emergencia habitacional en la que viven miles de mujeres bolivianas, estando limitadas al ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, realidad que se agrava cuando además se suman otros factores de exclusión, como ser la edad, el origen étnico, la orientación sexual, la clase social, el nivel de instrucción, entre otros; y se profundiza aún más en un contexto sanitario que genera un impacto diferenciado en la vida de las mujeres que requiere ser visibilizado, comprendido y atendido.
En este contexto se hace evidente la necesidad de avanzar en la eliminación de los círculos de violencia a través de intervenciones integrales, enlazando el espacio físico con el espacio subjetivo, confrontando la desigualdad en el acceso a la vivienda adecuada y al mercado de trabajo, luchando contra un sistema patriarcal que expone a las mujeres a múltiples violencias.

Los desafíos son muchos, se requiere abordar estas dimensiones interdependientes, analizando la precariedad habitacional y las formas psico-sociales de interacción que hacen que se manifieste la violencia. Se requiere avanzar en la sensibilización, el empoderamiento para el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada y a una vida libre de violencia, el fortalecimiento de la asistencia psico-jurídica, la incidencia política para la generación de acciones afirmativas para el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada y la modificación de marcos normativos y estructuras institucionales que garanticen la protección de la salud física y mental de las
mujeres.
A decir de Montaner, Muxi y Falagán (2011) “se necesita educar para que la vivienda sea entendida como parte de la ciudad y como lugar para habitar el presente, albergar nuestro pasado y proyectar el futuro; un lugar donde vivir cómodamente, que responda al deseo de valores simbólicos individuales y comunitarios, de privacidad y sociabilidad, y no solo como un
producto de mercado, inversión y consumo”.
La política pública para la gestión habitacional requiere reinventarse desde el enfoque de género, dejando de lado la medición de resultados e impactos a partir de una simple cuantificación de soluciones habitacionales, yendo más allá del cálculo matemático del déficit centrado en resultados censales poco reales, en cálculos demográficos y migratorios. Debe más bien basarse en una lectura de la realidad que exige la mirada diferenciada de necesidades y los “cambios endógenos en la estructura de los hogares”, incorporando las tendencias que se generan alrededor de su reconfiguración, entendiendo el uso y el significado de la vivienda para la mujer, así como la forma en que ello afecta la calidad de su vida cotidiana.
Así mismo, la política en materia de prevención y atención de casos de violencia, no puede centrarse solamente en la implementación de centros de orientación, atención psicológica, asistencia legal, entre otros servicios que sin duda son indispensables, pero no suficientes para avanzar en la construcción de condiciones que posibiliten romper los lazos de dependencia de
la mujer frente al hombre maltratador.
El contexto sanitario hoy más que nunca exige tomar medidas en materia habitacional, en tanto la violencia se constituye en un problema de salud pública; más aún cuando “la evidencia obtenida en crisis sanitarias anteriores indica que la violencia contra las mujeres y las niñas probablemente será un legado persistente de la pandemia de COVID-19” (ONU Mujeres. 2020), razón que obliga a plantear soluciones adicionales que consideren, en primera instancia, albergues temporales para mujeres víctimas de violencia como respuesta transitoria para el acceso posterior a una vivienda permanente a partir de políticas crediticias, alquiler social u otra modalidad que les permita a ellas, y a sus familias, el ejercicio pleno de sus derechos.
Así, la problemática expuesta debe ser de atención prioritaria para la política fiscal, rompiendo los criterios neutrales en la distribución de recursos, disminuyendo los factores que generan la feminización de la pobreza. De manera complementaria, se requiere promover la generación de información desagregada por sexo respecto al acceso a vivienda adecuada en su relación con los efectos del COVID que permitan el diseño de política pública efectiva. Se hace urgente profundizar esta reflexión desde la mirada de los/as distintos actores/as que hacen parte de la sociedad, tanto de la población en general como de los/as tomadores/as de decisión que desde la función pública puedan dar cumplimiento a los preceptos constitucionales que requieren ser traducidos a la realidad, superando los planteamientos discursivos.

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