La nueva norma constitucional boliviana ha introducido importantes cambios para la protección del derecho a la vivienda, propiciando un oportuno marco legal para la implementación de nuevas políticas que atiendan el acceso a la vivienda en condiciones dignas para la población pobre y vulnerable. A través de dichos cambios se han intentado generar programas habitacionales y de protección al derecho a la vivienda y servicios para los habitantes de los asentamientos irregulares en Bolivia, tratando de superar las ineficientes condiciones de acceso a la vivienda que han propiciado un crecimiento exponencial y descontrolado de las ciudades. Sin embargo, las acciones del sector público son todavía incapaces de dar soluciones a estos problemas.