El derecho a la vivienda se encuentra reconocido expressis verbis en un amplio conjunto de instrumentos internacionales. Por su más que íntima relación con otros derechos humanos, constituye una suerte de paradigma mayor del principio de interdependencia e indivisibilidad de los mentados derechos. Luego, incluso en instrumentos que no lo enunciaran formalmente, podría ser derivado de otros derechos reconocidos o, al menos, encontrar algún grado de tutela mediante estos últimos.
Se trata, por cierto, del derecho a una vivienda adecuada. El contenido de este atributo, materia central del presente trabajo, ha sido suficientemente esclarecido en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, lo cual permite establecer su “núcleo duro”, cuya satisfacción, por ende, constituye una “obligación mínima” del Estado, i.e., extraña a toda progresividad y de observancia inmediata. Ello tributa al debido cumplimiento estatal de los compromisos internacionales asumidos, vale decir, de adoptar las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales tendientes a respetar, proteger y realizar el derecho a la vivienda.