A pesar de los avances logrados en los últimos años en la clarificación y fortalecimiento del derecho a la vivienda en el ámbito de las normas internacionales de derechos humanos y de las constituciones y leyes nacionales, este derecho continúa siendo brutalmente violado en América Latina, afectando especialmente a las mujeres, a los indígenas, a los negros, a los niños y a los minusválidos. Para revertir esta situación, los movimientos sociales y los sujetos de este derecho deben continuar pidiendo a los gobiernos nacionales y locales la adopción de políticas, programas e instrumentos que reconozcan la diversidad de las formas culturales, sociales y tradicionales de uso y ocupación del suelo y de construcción del hábitat, como forma de proponer soluciones compatibles con la demanda y la realidad de la población latinoamericana.