En el presente informe, la Relatora Especial examina la cuestión del derecho a la vivienda de los residentes de asentamientos informales y el compromiso contraído por los Estados de mejorar esos asentamientos para 2030. Casi una cuarta parte de la población urbana mundial vive en asentamientos informales o campamentos, la mayoría de ellos en los países en desarrollo, pero también, cada vez más, en los países más ricos. Las condiciones de vida son alarmantes e intolerables. Los residentes suelen carecer de agua y saneamiento, y viven con el temor constante del desalojo.
Los enfoques anteriores se han basado en la idea de eliminar los “barrios marginales”, recurriendo frecuentemente al desalojo y la reubicación de los residentes en lugares remotos, en las afueras de las ciudades. En el presente informe se propone un enfoque muy distinto, basado en los derechos, que toma como punto de partida las comunidades de asentamientos informales y su potencial intrínseco. En él se considera que la informalidad es resultado de la exclusión sistémica y se propone un conjunto de recomendaciones para apoyar a los residentes y permitirles participar plenamente en la mejora de sus asentamientos.