Últimamente, la noción común ha cobrado fuerza en contextos diferentes, y se ha utilizado con diferentes significados y para expresar diferentes aspiraciones. De hecho, la palabra común se ha utilizado indistintamente para referirse al bien común, al interés común, al espíritu común, a los bienes comunes urbanos, al orden público, a los espacios públicos, al poder comunitario, a la propiedad pública y/o comunal, e incluso a un nuevo régimen socioeconómico, sociopolítico y socioterritorial.
Este documento explora la noción de la ciudad como bien común, como uno de los pilares del Derecho a la Ciudad, partiendo de la base de que es necesario un uso jurídico más preciso de algunos conceptos para que el Derecho a la Ciudad adquiera más significado, profundidad y poder. Aunque esta noción podría abordarse desde distintos ángulos, especialmente los de naturaleza económica y cultural, el documento pretende explorar tentativamente la noción de la ciudad como bien común -un concepto todavía muy abstracto, poco desarrollado y difícil- desde una perspectiva sociojurídica, identificando algunas de sus posibles dimensiones, así como discutiendo algunas de las condiciones para su materialización e implementación.

Como argumento general, el documento propone que, aunque la naturaleza del Derecho a la Ciudad se ha ido debatiendo cada vez más -y varios de sus componentes han ido adquiriendo una mayor coherencia a lo largo de los años-, sigue siendo fundamentalmente una noción sociopolítica. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, sigue siendo problemático: aunque ha sido reconocido gradual y nominalmente por algunos documentos internacionales importantes, incluidas las leyes nacionales, así como implementado por una serie de iniciativas innovadoras, no definen plenamente el Derecho a la Ciudad per se. En particular, un cierto grado de exigibilidad y responsabilidad -requisito básico del ordenamiento jurídico- sigue siendo un reto para que el Derecho a la Ciudad sea plenamente reconocido y establecido.

El documento sostiene que el debate sobre el Derecho a la Ciudad se beneficiaría ampliamente de un tratamiento sociojurídico más sólido de la noción: la ciudad como un bien común -un componente cada vez más popular del derecho a la ciudad- y, por tanto, sería más exigible. Propone que, aunque ya existe un margen importante para un debate actualizado y más amplio sobre la noción más tradicional de bienes comunes en la ciudad, cualquier debate contemporáneo sobre el Derecho a la Ciudad también debe referirse a la noción más contemporánea de común/ lo común4 que ha sido adoptada por una creciente movilización sociopolítica a nivel internacional, ya que permite una visión sociojurídica más amplia de la noción de la ciudad como un bien común que se acerca al significado original y transformador del Derecho a la Ciudad.