Vulneración del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada en Bolivia
Las dificultades y las vulneraciones de derechos de quienes viven en los barrios precarios son invisibilizadas, aún más en el marco de la pandemia. No existen suficientes datos sobre las condiciones materiales, socioeconómicas y culturales de estos asentamientos. La información censal es cuestionable o no se cuenta con ella, lo que no facilita ni diagnósticos confiables, ni el diseño de políticas públicas que permitan mitigar las desigualdades, hacer realidad los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales , y responder a una crisis como la actual.
Lo mismo pasa con los datos de la pandemia, que ilustran contextos de ingresos medios y altos más que de los sectores populares. La ausencia de información confiable sobre la particularidad de los barrios precarios impide el planteo de medidas adecuadas a sus realidades y complejiza la aplicación de las consignas sanitarias, de cuidado de la higiene, de distanciamiento y aislamiento.
Tanto en términos de la emergencia como a mediano y largo plazo, se hace imprescindible construir datos precisos y legítimos desde el enfoque de derechos humanos, de género y respetando las identidades raciales y de migrantes, sobre las condiciones de vida en los asentamientos precarios. La experiencia demuestra que esto es posible desde el ámbito barrial, en alianza con organizaciones sociales e instituciones locales, a través de ejercicios de mapeo, para luego someter los datos a las autoridades e incluirlos en las estadísticas públicas.
Se trata también de garantizar a los habitantes el acceso a información de calidad, para combatir la diseminación de noticias falsas a través de medios locales, autogestionados y adecuados a la especificidad territorial y de cerrar la brecha tecnológica, para desarrollar conductas de prevención y mejora del cuidado. Sigue siendo necesario, además, crear y poner a disposición de la población canales adecuados para las denuncias contra incumplimientos del Estado y abusos de privados; y para combatir la generación de estigmas y nuevos estereotipos susceptibles de discriminación.
Monitoreo de desalojos y amenazas de desalojo en Bolivia
Los datos desempeñan un papel crucial para informar las políticas públicas y la toma de decisiones. Disponer de datos representativos e inclusivos es importante, porque proporcionan la base sobre la que se diseñan, aplican, financian y supervisan las políticas públicas. Si las personas y los grupos no están representados en los datos, las decisiones que se basen en ellos no abordarán cuestiones específicas a las que se enfrenten. La falta de datos sobre comunidades o poblaciones vulnerables puede hacer difícil revelar, y por lo tanto desmantelar, las políticas y prácticas discriminatorias. La exclusión en los datos, significa la exclusión en la vida real. (Coalición Internacional para el Habitat, 2020.
En razon de ello surge el proyecto de Monitoreo de desalojos y amenazas de desalojo en Bolivia, una iniciativa de investigadores del Lab TecnoSocial, del Observatorio Derecho Humano a la Vivienda y la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO).
El objetivo del proyecto es recopilar y difundir información sobre desalojos y amenazas de desalojo en Bolivia a través de un mapeo de carácter colaborativo. Los objetivos de este mapeo son: (a) identificar y comprender, a diferentes escalas, los impactos ocasionados por desalojos y amenazas; y (b) sistematizar y compartir información para fortalecer la resistencia de los afectados frente a políticas y proyectos urbanos que involucran procesos de despojo y vulneración de derechos.
El mapeo inicialmente se desarrolla de manera colaborativa. Se espera contar con la participación de diferentes actores , especialmente instituciones públicas activas en la prevención, denuncia y seguimiento de estas situaciones; organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, movimientos sociales y profesionales comprometidos en la lucha por el derecho a la vivienda.
Como primer caso de este monitoreo mostramos el mapeo colaborativo de «Desalojos de inquilinos durante el confinamiento por Coronavirus en el área metropolitana de Cochabamba» , que corresponde al período de junio a agosto de 2020.
Desalojos de inquilinos durante el confinamiento por Coronavirus en el área metropolitana de Cochabamba
El Coronavirus ha provocado que crezcan las disputas entre propietarios e inquilinos. Los dueños, con el fin de desalojarlos, han optado por amenazas, corte de servicios básicos e incluso han contratado gente para que saquen las pertenencias de las personas que viven en alquiler, señalo Aniceto Hinojosa, presidente de la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO),
Así también indicó que al igual que esta familia hay otras que están siendo afectadas debido a que la mayoría se dedica al comercio u otras actividades que se han visto limitadas por las restricciones de la cuarentena y otros han sido despedidos de sus fuentes laborales. Esa situación impide que puedan pagar la totalidad del alquiler y en el plazo, como exigen algunos propietarios. Hinojosa denunció que:
El 90% de los dueños de inmuebles no emiten factura y en ocasiones piden depósitos a sus cuentas bancarias. Ese mismo porcentaje no realiza un contrato de alquiler que sea legalizado y visado para que los inquilinos puedan defenderse en esta pandemia y no se afecte sus derechos.
El 27 de agosto se promulgo la Ley excepcional de arrendamiento (alquileres) que reduce en un 50% el canon del alquiler, cuando no hubiera un acuerdo entre el propietario y el inquilino para la reducción o diferimiento razonable del monto. Sin embargo esta ley no vela por los intereses del inquilino plenamente, de acuerdo al representante de OINCO. Por ello la organización empezará a trabajar en una nueva ley del inquilinato, en los próximos meses.
A fin de revelar estas practicas que vulneran el DHVA presentamos los casos de desalojo registrados por OINCO. Se observa que la mayor parte de los desalojos se han efectuado principalmente en el municipio de Cochabamba.
