Observatorio del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada

¿Qué es el repositorio?

El repositorio busca aportar al diseño y evaluación de políticas públicas de manera abierta y transparente, pone a disposición información para involucrar a diversos actores en la solución de problemáticas habitacionales y urbanas.

Repositorio Vivienda
Compila y visualiza datos abiertos en relación a la vivienda adecuada y las problemáticas sociohabitacionales en Bolivia.

El repositorio vivienda en su primera entrega, presenta información entorno a los componentes del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada en Bolivia.

La vivienda adecuada está reconocida como un derecho en los instrumentos internacionales incluidos la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Una Vivienda Adecuada es aquella en la que sus ocupantes tienen seguridad jurídica de la tenencia; pueden cobijarse y protegerse en la misma (habitabilidad); disponen de servicios, materiales e infraestructura; a lo que debe acotarse que los costos de acceder a dicha vivienda hayan sido acordes con el nivel de ingresos de sus ocupantes (asequibilidad); que su ubicación no trabe el desenvolvimiento de las actividades que realizan sus ocupantes; sea accesible a los grupos desfavorecidos (accesibilidad) y respete la identidad cultural de quienes la habitan.
Cuando hablamos de Derecho Humano a la Vivienda, hablamos también de componentes, que condicionan la Vivienda Adecuada, dichas condiciones son:
  • Seguridad jurídica de la tenencia: Condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
  • Disponibilidad de servicios e infraestructura: Contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.
  • Asequibilidad: El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos.
  • Habitabilidad: Son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
  • Accesibilidad: El diseño y material de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad donde la accesibilidad es la característica del entorno construido que permite a todas las personas el acceso, utilización y disfrute de manera segura y eficiente.
  • Ubicación: La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas.
  • Adecuación cultural: Es una vivienda adecuada si su ubicación respeta y toma en cuenta la expresión de identidad cultural.
  • Participación ciudadana: Participación de las y los ciudadanos en la toma decisiones para generar valor público e intervenciones de acondicionamiento territorial.
  • Medio ambiente y cambio climático: Siendo que las ciudades cada vez estan sufriendo más los efectos de los desastres relacionados con el clima, y son las personas de los asentamientos informales los que están particularmente en mayor riesgo.
Si bien los componentes planteados por la DESC son siete , como Renaseh para un mejor análisis del DHVA incluimos dos componentes más: Participación ciudadana, por la importancia en la toma decisiones para generar valor público. Y medio ambiente y cambio climático, por la crisis climática  existente y porque en las ciudades son las personas de asentamientos informales las que están en mayor riesgo por esta crisis.
En vista de que los componentes del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada (DHVA) son diversos y no siempre existen los datos para medirlos, evaluarlos e integrarlos de forma uniforme para un mejor seguimiento de su cumplimiento, se propone evaluarlos de forma separada y en función de la disponibilidad de datos.
Se ha sistematizado datos del: Instituto Nacional de Estadística (Censo de Población y Vivienda 2012 y registros administrativos disponibles), Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; IEA Economía Bolivia.
Así también se ha vinculado a plataformas virtuales para acceder a información mas desglosada de ciertos componentes.
Se visualiza información multiescalar (nacional, metropolitana, municipal). Además podrás descargar gratuitamente las Bases de Datos y/o archivos correspondientes.

 

Repositorio Ciudad
Compila y visualiza datos abiertos de fenoménos y/o problemáticas urbanas en Bolivia. 

El repositorio ciudad en su primera entrega, presenta el Índice de Prosperidad de Ciudades de Bolivia, desarrollado en el marco de la Política de Ciudades. Y el mapa de Valores del Suelo en América Latina.

Es la propuesta de ONU-Hábitat para caracterizar las condiciones del sistema socioeconómico en términos de hábitat, se fundamenta en el enfoque de la prosperidad urbana, que se presenta como “holístico e integrado”, y que puede contribuir en la promoción del bienestar colectivo y satisfacción de todos (ONU Hábitat, 2016).
El IPC se concentra en ciudades de forma individual y mide la prosperidad a partir de las dimensiones de productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión social y sostenibilidad ambiental, con un elemento transversal articulador de políticas públicas que es la gobernanza urbana (ONU-Hábitat, 2015). Estas dimensiones se conciben de la siguiente manera:
  • Productividad: Mide los logros promedio de las ciudades en términos de creación de riqueza y cómo se comparte, o la contribución de las ciudades al crecimiento y desarrollo económicos, la generación de ingresos, la provisión de trabajos decentes y la igualdad de oportunidades para todos.
  • Infraestructura para el desarrollo: Mide el logro promedio de la ciudad en proporcionar infraestructura adecuada para acceder a agua potable, saneamiento, buenas carreteras y tecnología de la información y las comunicaciones, con el fin de mejorar los niveles de vida y mejorar la productividad, la movilidad y la conectividad.
  • Calidad de vida: Mide el logro promedio de las ciudades para garantizar el bienestar general y la satisfacción de los ciudadanos.
  • Equidad e inclusión social: Mide los logros promedio de las ciudades para garantizar la (re) distribución equitativa de los beneficios de la prosperidad, reduce la pobreza y la incidencia de los barrios marginales, protege los derechos de las minorías y los grupos vulnerables, mejora la igualdad de género y garantiza la participación equitativa en los ámbitos social, económico, político y cultural.
  • Sostenibilidad ambiental: Mide el logro promedio de las ciudades en asegurar la protección del medio ambiente urbano y sus activos naturales. Esto debe hacerse simultáneamente al tiempo que se garantiza el crecimiento, se busca la eficiencia energética, se reduce la presión sobre la tierra circundante y los recursos naturales y se reducen las pérdidas ambientales mediante soluciones creativas y que mejoran el medio ambiente.
  • Gobernanza y legislación urbana: Tiene el propósito de demostrar el papel de la buena gobernanza urbana como catalizador de la acción local hacia la prosperidad, incluida la capacidad para regular el proceso de urbanización.
La prosperidad urbana es un concepto integral que solo puede alcanzarse a través del  equilibrio armónico entre lo económico, lo social y lo ambiental.

 

 

El indice ha sido calculado en su nivel básico y extendido.
El Índice Básico de Prosperidad de las Ciudades: Es útil para aquellas ciudades que buscan comparar su desempeño con otras ciudades en la arena regional o global. Utiliza indicadores comúnmente disponibles, existentes en todas las ciudades, actuando como una plataforma de puntos de referencia globales, con propósitos de comparabilidad (ONU-Hábitat, 2016).
El Índice extendido Prosperidad de las Ciudades: Es la versión más avanzada del modelo básico. Su función es integrar indicadores adicionales que no están comúnmente disponibles en todas las ciudades, por lo cual la comparabilidad no es el objetivo principal. La disponibilidad de información local y las características particulares de la ciudad, determinan la profusión del uso de los indicadores. Muchos de estos indicadores tienen una naturaleza estrictamente urbana, tales como la proporción de vías en relación con la superficie total de la ciudad y el índice de conectividad. ICP permite un diálogo político y técnico más detallado, el cual resulta esencial para el desarrollo informado de políticas públicas (ONU-Hábitat, 2016).
La prosperidad urbana es una construcción social que se materializa en el ámbito de las acciones humanas. Se construye deliberada y conscientemente con base en condiciones objetivas que prevalecen en una ciudad en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar qué tan grande o pequeña sea. Es un concepto más amplio e integral relacionado con un desarrollo equilibrado y armónico en un ambiente de justicia, inclusión y movilidad social. En esta perspectiva, una ciudad próspera es la que ofrece bienes públicos y desarrolla políticas y acciones tendientes a un acceso equitativo a “bienes comunes”, que logra una sensación de seguridad socioeconómica general e individual, para el futuro inmediato y predecible, que conlleva la satisfacción de otras necesidades y aspiraciones materiales e inmateriales (ONU-Habitat, 2015).
El IPC es un instrumento que monitorea los avances de las ciudades hacia la prosperidad a partir de estas seis dimensiones desagregadas en indicadores estandarizados y homologables, computados a través de una sola métrica (MOPSV, 2020). Se considera que el índice es “un insumo para el diagnóstico mediante la generación y análisis de información a escala urbana, municipal y metropolitana.
Gracias al aporte de la Base de Datos del Índice de Prosperidad de Ciudades del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda y el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo con la colaboración de ONU-Hábitat Bolivia y la Cooperación Sueca, se desarrollo la visualización de la información multidimensional de las condiciones del hábitat urbano bajo los criterios del IPC.
A nivel nacional, el índice se calculó a partir de una muestra de los principales 20 municipios urbanos de Bolivia, que aglomeran al 80% de la población urbana. Así también se calculo a nivel de áreas metropolitanas del país.
La puntuación del índice de prosperidad [extendido] a nivel nacional es de 45,73. El área metropolitana de Cochabamba registra 45,70; el área metropolitana de La Paz 41,9; el área metropolitana de Santa Cruz: 48,4. Diecinueve de las 20 ciudades analizadas (el 95%) presentan un nivel agregado de prosperidad “débil”. Tarija (52,5) es la única ciudad con un nivel de prosperidad “moderadamente débil”.
En un primer análisis del ICP para el conjunto de municipios en su escala urbana, se debe destacar el desempeño en las dimensiones de Equidad e inclusión social y Calidad de vida, con niveles sólido y moderadamente sólido, respectivamente. Siguen las dimensiones de Gobernanza urbana y legislación y Desarrollo de infraestructura en el rango de resultados débiles y, finalmente, Productividad y Sostenibilidad ambiental tienen un desempeño muy débil (MOPSV, 2020).
Esta situación indica que se deben priorizar políticas urbanas para mejorar las condiciones actuales de nuestras ciudades. Se observa que las áreas de mayor atención son las relacionadas con la Productividad (32,6), la Sostenibilidad Ambiental (35,4) y el Desarrollo de Infraestructura (42,4).

 

Los datos provienen de fuentes secundarias, de esta manera se promove el acceso a la información y se mejora la visibilización de la producción científica y académica de distintas entidades.